Batasuna reta al Gobierno a que reforme el sistema judicial porque no se va a disolver

El lendakari, Juan José Ibarretxe, recibió ayer en Ajuria Enea al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi. Al término de la reunión, Otegi aseguró que ya se dan las condiciones para crear una mesa de diálogo entre los partidos vascos y solicitó a Ibarretxe que la Ertzaintza no actúe en esta nueva etapa abierta por el alto el fuego de la banda terrorista ETA. También proclamó que Batasuna no tiene intención de disolverse ni de refundarse bajo otras siglas para volver a la legalidad. El Estado, dijo, debe «cambiar de instancias judiciales» para conseguirlo.

Ibarretxe estuvo con Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena (los tres en libertad bajo fianza) durante más de dos horas y media. Este ha sido el más largo de los encuentros de una ronda con todos los partidos vascos (menos el PP, que no quiso acudir).

Otegi lanzó varios mensajes. El más trascendente, que, a su juicio, «ya se dan las condiciones para abordar un diálogo multipartito» y la creación de una mesa de partidos. «Ya no caben excusas ni cabe estar políticamente echando balones fuera», añadió el dirigente abertzale, quien además se mostró convencido de que Batasuna «parte con ventaja» en este proceso porque «en Euskal Herria la mayoría reconoce que somos una nación y que tenemos derecho a decidir».

La mesa de diálogo, según Otegi, y como ya había adelantado hace unos días, debe ser la realización de «una verificación democrática para saber si, mediante un acuerdo en toda Euskal Herria, vamos a ser capaces de respetar lo que decida la gente que vive y trabaja en este país». Y la postura de Batasuna es clara: «Somos independentistas. Queremos construir un estado independiente en Euskal Herria, reunificar nuestro país y hacerlo desde posiciones socialistas».

Otegi también lanzó un mensaje al Ejecutivo. Según dijo, Batasuna no tiene intención de cambiar de siglas para poder volver a la legalidad y presentarse a las próximas elecciones y dijo que debe ser el Estado el que «cambie de instancias judiciales».

Fuente: La Razón